El papel del Estado en el sistema-mundo capitalista

Uno de los tópicos más arraigado en el imaginario social  de nuestro sistema mundo moderno es que el capitalismo es proclive a rechazar la intervención del Estado en la economía, no obstante, esto no es cierto puesto que si el fin de los empresarios es la  obtención del mayor beneficio posible  y la acumulación de capital han de eliminar a toda la competencia posible,  ya que ésta-desde una perspectiva teórica- impide  la generación de  un gran poder económico, ya que los agentes implicados dispondrían de unas relaciones horizontales.  El Estado es el actor que propicia a las corporaciones una serie de privilegios y una cota de mercado respecto  a sus “competidores”, dando lugar  a una serie de prácticas tendentes al oligopolio o, como máxima, monopolistas. Por lo tanto, podemos observar que el empresario tiene una gran dependencia del Estado si quiere obtener una lista de ventajas. Actualmente, desde el punto de vista político es inaceptable que el Estado proporcione el monopolio total a alguna empresa, además,  de que  los Estados carecen de la capacidad jurídica para llevarlo a cabo en el mercado internacional.

Por otro lado, debemos señalar que hay diferentes formas que permiten elaborar prácticamente casi-monopolios. Sin duda alguna, la más importante es la patente que otorga los derechos de explotación de un nuevo invento a una empresa o individuo durante un período de tiempo  con la ocasión de poder alargar la duración. La explicación oficialista afirma que una patente es fundamental para reconocer el esfuerzo  y la inteligencia del inventor y sin la cual éste no se motivaría. No obstante, esta explicación implica la duda puesto que normalmente el inventor vende la patente a un precio ínfimo a una empresa la cual dedicará una cantidad enorme de capital para su desarrollo, de esta forma se premia la inversión más que el esfuerzo o la inteligencia. En segundo lugar, respecto al precio de la invención y poniendo como ejemplo  el caso de los medicamentos, es el Estado quien normalmente carga con los costes de manera indirecta o directa, no es el mercado quien fija el precio. Por lo tanto, la existencia de una patente da lugar a una nula existencia de mercado libre. La legislación de las reglas del Estado es otra herramienta que juega un papel notorio en la consolidación de las grandes empresas. Sus defensores aluden al rol que juega dicha legislación en la limitación de las consecuencias negativas, mediante costes adicionales que asumen las empresas implicadas,  que podría desempeñar la actividad productora. El problema es que estos costes benefician a las grandes empresas puesto que son más asequibles para éstas que para las PYMES. Finalmente, el papel del Estado como comprador, ya que tiene más confianza  en las grandes empresas debido a que son consideradas más fiables a largo plazo (especialmente en el campo militar).

El reflotamiento de las grandes empresas  por parte del Estado también ha pasado a ser una actividad  totalmente central. Los efectos penalizadores del mercado deberían de afectar a “todos”, cosa que no es cierta , ya que se darán o no según el peso que juega una empresa en la producción de un sector y según la magnitud de los efectos colaterales que provoque la quiebra de una empresa.  Ésta provocará desempleo y falta de servicios o productos que afectarán a la población  y  al mismo Estado, garante del orden público, como actor importante en la compra-Estado consumidor- y supondrá un “desprestigio” internacional. De esta manera, observamos la nula existencia de las reglas del libre mercado y como el Estado  no puede tolerar dicha quiebra, asistimos así a  la socialización de las pérdidas y a la privatización de los enormes beneficios, rasgo característico del capitalismo mundial. Otra explicación que nos permite entender este hecho son las contribuciones financieras, una forma de eufemismo para eludir la palabra corrupción,  que reciben los políticos y  los partidos de las multinacionales, dando lugar a una gran dependencia. A lo que hay que añadir las famosas puertas giratorias, un político que haya favorecido a una empresa obtendrá en un futuro un puesto en algún consejo de administración de ésta.

El uso de subvenciones para la exportación de manera directa u oculta, que se otorgan en muchas ocasiones a un grupo de presión que sirve a concretos intereses económicos o  por motivos políticos, que sirve como estrategia para justificar la defensa de las finanzas de un país y la garantía de poder ofrecer un nivel de vida concreto a la población, y a la par salvaguardar  la cota de mercado a las más importantes producciones a nivel nacional dando lugar  una mayor concentración de capital. Las empresas registradas en un país  protagonista en la economía y política internacional pueden incrementar sus exportaciones a países que juegan un papel menor mediante dos vías. En primer lugar, mediante la presión política, económica y en última instancia, militar, eliminando así a la competencia y obteniendo de esta manera el monopolio. En segundo lugar, a través de la prohibición de la venta de avances tecnológicos y estratégicos a países exteriores. Estos mecanismos favorecen el encarecimiento de los precios, el alza de los beneficios  y anulan la competitividad tan predicada por los teóricos y defensores del sacrosanto neoliberalismo. También aumentan los beneficios mediante la reducción de los costes de producción, sirviéndose del Estado en los tres tipos de gastos (inputs, impuestos y el personal).

El salario depende de la oferta y de la demanda, pero también de la correlación de fuerzas, es decir, de lo lejos o cerca que esté una determinada clase social del poder político, ya que el Estado puede influir sobre los límites y  las oportunidades de la acción sindical llevada a cabo por los trabajadores y también facilitar la deslocalización de la empresa a zonas en las que la mano de obra sea  más barata con el fin de aumentar los beneficios de las corporaciones, hecho que propiciaron  los Estados al inicio del sistema-mundo capitalista. No obstante, encontramos una contradicción del sistema que obstaculiza las operaciones del Estado en beneficio de los empresarios, ya que  para un  funcionamiento eficiente del capitalismo es necesario una suficiente demanda efectiva a nivel global junto a un incremento de los salarios que pagan las empresas y la reducción de la conflictividad social. El Estado, además, también juega un rol importante en la fijación de los costes de los inputs (externalización de los costes), en muy pocas ocasiones las empresas asumen los costes de los inputs,  sino que  dichos costes recaen en el Estado (existencia de residuos nocivos, infraestructura y renovación de los recursos naturales), siendo esto un rasgo fundamental del sistema capitalista y de no ser por dicha externalización, el margen de beneficio no sería tan elevado para las empresas.Finalmente, la presión de las clases trabajadoras sobre el Estado  en el último siglo ha repercutido en el tercer gasto, los impuestos, dando lugar a la obtención de garantías de renta a lo largo de su vida (seguro de desempleo, salario mínimo, jubilaciones, etc.), educación y sanidad pública, aunque con un claro fin, evitar el auge de las ideologías antisistémicas. El debilitamiento del Estado se debe especialmente  a una crisis legitimidad por la parte de las mayorías.

En el caso de España, la autorización para cultivar y comercializar con OGM tuvo lugar en el año 1998, gracias al visto bueno de la Comisión Nacional de Bioseguridad. Entre 1998-2004 se realizó una moratoria a los transgénicos en la UE, a la que hizo caso omiso el gobierno de José María Aznar, hecho que fue investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, la cual afirmaba que las autoridades del Ministerio de Agricultura habían violado por completo el Reglamento de Variedades Vegetales. Distintas asociaciones ecologistas explican que los criterios por los que se guía la Comisión Nacional de Bioseguridad son intereses políticos y no científicos, llegando incluso ésta a ser muy permisiva con las multinacionales de  biotecnología, ya que cuando éstas no cumplen las condiciones establecidas por la dicha comisión no se les impone sanciones. En España se realizan muchos ensayos experimentales con transgénicos en campo abierto (42% del total de EE.UU) según el Centro Común de Investigación. No obstante, la Comisión Nacional de Bioseguridad, hasta el año 2010, no  proporcionaba la ubicación de estos experimentos y gracias a  la lucha constante de grupos ecologistas que fructificó en la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que obligó a ésta a hacer públicas los lugares donde se realizaban. Uno de los casos más indignantes de puertas giratorias en España, lo protagoniza  Cristina Garmendia, Ministra de ciencia e innovación durante los años 2008-2011, siendo antes de llegar al Ministerio consejera delegada de Generatrix y presidenta de Asebio, empresa que pertenece a EuropaBio, la cual recibe financiación de Monsanto, Generatrix  y más multinacionales de biotecnología. De hecho el propio director de biotecnología de Monsanto para España y Portugal, Carlos Vicente, se quedó sin respuesta al ser entrevistado en el programa de la Ser La Ventana, cuando fue preguntado por la relación de la ministra y Monsanto, dijo que era una pregunta muy curiosa pero que no tenía ningún sentido. Un gran argumento, como podemos observar. Otro caso  de puerta giratoria en España lo protagoniza José Ignacio Ortega Molina, que fue jefe  del Área de Biotecnología de la Fundación Antama, la cual recibe dinero de Asebio y posteriormente pasó a ser Coordinador de la Oficina Española de Variedades Vegetales, la cual depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente. Elena Espinosa pertenecía al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y fue la encargada de conceder subvenciones en I+D a las empresas de biotecnología. Gracias al número de casos de puertas giratorias y el peso del lobby entendemos por qué España es la principal veladora de transgénicos.

Retomando al tema principal, la economista Mariana Mazzucato contradice el tópico que al principio hemos mencionado, aquel que desprecia e ignora la intervención del Estado en el ámbito privado. Muchos nostálgicos del liberalismo clásico muestran síntomas de resignación y desapego al hecho de que un Estado se involucre en lo privado, entorpeciendo supuestamente el crecimiento económico y desalentando a base de impuestos. Esta economista desacredita este tópico, invitándonos a conocer la función del Estado en lo privado, con ejemplos como la invención del Ipad de Apple, GPS, Internet e incluso la financiación a las farmacéuticas. La figura de Steve Jobs y, en general, la del imaginario de un inventor-emprendedor han invisibilizado todo el proceso y las condiciones que impulsan la innovación y el éxito empresarial.

Un ejemplo ilustrativo y comparativo sobre esta invisibilización del papel del Estado en el desarrollo económico y financiero podría remontarse a la Revolución Industrial. En ella el Estado influyó considerablemente en el crecimiento económico, ya que aplicó diversas medidas proteccionistas y mercantilistas, por ejemplo en Gran Bretaña, que favorecieron el desarrollo del mercado nacional. Medidas como las Leyes de Navegación, entre otras, también facilitaron el desarrollo de la flota nacional e impulsó positivamente a la industria británica (construcción de barcos, fabricación de inputs…). Sin embargo, se alude fácilmente, como a día de hoy, a una especie de control auto-regulativo y sustancial por parte del mercado capitalista, desvirtuando la intromisión de lo público, menos cuando más lo necesitan. A la par, también, como asegura el economista Ha-Joon Chang, partiendo de esta idea no-intervencionista se está dando un mal ejemplo a los países en desarrollo, imposibilitando su progreso económico.

Por otro lado, a sabiendas de la postura de Mazzucato, comprendemos que se necesita de Papá-Estado para, al menos, tres cosas: incentivar la innovación y, para ello, encargar “misiones” a sus hijos los emprendedores; “domar” a las grandes empresas que abusan de su poder; y dirigir y optimizar un crecimiento económico de pequeñas empresas. La pregunta es: ¿es necesario? Y si lo es, ¿de dónde mana esa necesidad? La lógica del crear por necesidad sistémica y no para cubrir la necesidad humana como fin último, el continuar incentivando a la economía a producir como finalidad y funcionar bajo un sistema que basa sus principios en la competitividad de un mercado que vela por un dinero hueco, nos muestra la postura descubierta de Mazzucato, mientras la realidad político-económica se muestra infortuna y contrapuesta a cualquier idealización del Estado.

Es necesario impulsar la innovación para dar oportunidad a los ciudadanos a participar en el sistema lógico que traza la competencia en el mercado, pero esto es necesario debido a que, las perspectivas propias de la corriente socialdemócrata que hemos dilucidado, se han asentado convincentemente en los aposentos de la economía capitalista. Además, para sonar más benevolentes y ensalzadas que el Estado que nos ha retratado Mazzucato, estas perspectivas nos sugerirán el incentivar públicamente aspectos energéticos, medioambientales, sanitarios y sociotecnológicos en el ámbito empresarial.

Siempre desde una postura “crecentista” se ha destacado el leitmotiv de la economía, cuando esta consiste en suplir las necesidades de una sociedad, no en mercantilizar todo producto o servicio, ni escudriñar nuevas absurdas formas para aumentar el consumo (ejemplos como la obsolescencia programada o la baja calidad de muchos productos, ajustados al status quo, en pos del máximo beneficio, dan sentencia de ello). A modo de ejemplo que cuadra a la perfección con las consecuencias del modelo económico actual imperante, es el de la industria farmacéutica. Estas manifiestan en su máximo esplendor la lógica capitalista, las cuales se centran en maximizar su beneficio, por encima de las necesidades referidas a la salud. En un mismo sentido se ha enfocado la medicina convencional -inclusive la nutrición, la cual se encuentra en muchos aspectos alineada con intereses de la gran industria cárnica y láctea- que, dentro de las instituciones de la salud, al servicio de grandes farmacéuticas, se ha mantenido unidireccional en sus tratamientos y el consumo desmesurado de medicamentos como alternativa se ha convertido en la panacea de la salud del s. XXI. También, en lo referido a lo medioambiental, nos encontramos imbuidos en una atmósfera mediática y política preocupada por el calentamiento global, supuestamente provocado por el CO2 (omiten el uso de la geoingeniería como instrumento de manipulación del clima, la cual se lleva aplicando desde hace ya unas décadas) , mientras se especula con este y se nos desvía del motivo principal: la insostenibilidad del sistema en un mundo de recursos limitados.

A grandes rasgos, observamos quienes detentan realmente el poder, grandes multinacionales. No obstante, también cabe mencionar el Estado que todo lo puede, aquel que es tan enaltecido por la socialdemocracia y, a la vez, aquel por el cual sus miembros terminan subyugados a la norma del Capital. Un ejemplo esclarecedor que refleja tanto la opacidad político-económica como la legitimidad que los Estados, y partidos políticos, otorgan a las grandes corporaciones, es la de la firma del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). En Para entender el TTIP de Carlos Taibo, se nos muestra con claridad quiénes tienen el control político, siendo la Comisión Europea y EE.UU. los que dirigen los hilos de la economía de cada Estado del sistema-mundo vigente. Taibo nos afirma que “el objetivo principal (del TTIP), por decirlo de otra manera, no es suprimir aranceles y cancelar duplicaciones y trámites burocráticos, como reza la retórica oficial, sino imprimir una nueva vuelta de tuerca a la dominación de las empresas transnacionales, generando un escenario político, social y medioambiental aún más propicio para los intereses de éstas” (2015, p. 34).

Es por ello -por toda esta amalgama de finalidades sistémicas, necesidades humanas y capacidad ecológica- que no podemos reducir nuestros esfuerzos a consideraciones y prácticas superficiales, cuya preeminencia es la de aplicar parches a un bote que se inclina hacia un abismo poco esperanzador ni extender en demasía una confianza ingenua hacia el aparato estatal; aquel que se ha puesto incondicionalmente al servicio de transnacionales y, sobre todo, de grandes bancos; desdeñando la organización social, la convivencia social y la libre asociación, de la que, como diría el historiador Rudolf Rocker, somos herederos.

Amando Tarí Sirvent y Antonio Cantó Gómez.

 

BIBLIOGRAFÍA

  • Escudero, A. (1995). La Revolución Industrial. Madrid: Anaya.

 

  • Taibo, C. (2016). Para entender el TTIP. Madrid: Catarata.

 

  • Wallerstein, Immanuell. El Estado indispensable ¿El debilitamiento del Estado debilitará el capital?

 

 

  • García Blanca, Jesús. La sanidad contra la salud: una mirada global para la autogestión. Ediciones i. España(2015).
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